SEGUNDA CONTESTACIÓN DE LA DNDA SOBRE SAYCO
Bogotá, D.C.
C 1.1
Señores
Asunto: Gestión Colectiva e Individual
Respetado
señor:
En atención a
sus comunicaciones radicadas bajo los números 6323, 6701 y 10044, de manera
comedida me permito informarle lo siguiente:
- COMPETENCIA DE LA DNDA
Esta Dirección
es la autoridad
administrativa competente en el tema del derecho de autor y los derechos
conexos en la República
de Colombia y sus funciones principales se
enmarcan en el registro de las obras literarias y artísticas, el registro de
los actos, contratos y decisiones jurisdiccionales relacionados con el derecho
de autor y los derechos conexos, la elaboración de conceptos respecto de las
consultas efectuadas por el público en general relacionadas con el tema del
derecho de autor, y la inspección, vigilancia y control a las sociedades de
gestión colectiva.
Así pues, el alcance de la
competencia de la DNDA en materia de inspección, vigilancia y control a las
sociedades de gestión colectiva, se enmarca exclusivamente en las siguientes
facultades:
- Reconocer
personería jurídica. (Ley 44 de 1993, artículo 11, Decreto 3942 de 2010,
artículo 12)
- Otorgar
autorización de funcionamiento. (Decisión Andina 351 de 1993, artículo 43,
Decreto 3942 de 2010, artículo 12).
- Vigilar que el dinero recaudado por las sociedades de
gestión colectiva sea distribuido conforme lo dispone el artículo 21 de la
Ley 44 de 1993.
- Adelantar investigaciones en contra de las SGC, a
petición de parte, o de Oficio. (Ley 44 de 1993, artículo 37, Decreto 3942
de 2010, artículo 12)
- Atender
las solicitudes de impugnación elevadas por los socios en contra de los
actos de elección de las asambleas generales o secciónales y los actos de
administración de su consejo directivo. (Ley 44 de 1993, artículo 35,
Decreto 3942 de 2010, artículo 12)
- Ejercer
control de legalidad sobre los estatutos que adopten las SGC, y sus
posteriores reformas. (Artículo 24 de la Ley 44 de 1993, Decreto 3942 de
2010, artículo 12).
- Analizar
los informes trimestrales de actividades, remitidos por las SGC, en
cumplimento de lo ordenado por el artículo 42 de la Ley 44 de 1993 y las
Resoluciones 651 de 1994 y 15 de 1997, expedidas por la DNDA.
- Las
demás facultades conferidas en virtud de la Ley 1493 de 2011,
En este orden de ideas, y de acuerdo
a los numerales 3 y 4 de la lista recién mencionada, la Dirección Nacional de
Derecho de Autor tiene competencia para vigilar la distribución de las regalías
que realizan las Sociedades de Gestión Colectiva y a su vez para adelantar
investigaciones contra las mismas, a fin de constatar el cumplimiento de las
normas legales[1] y
estatutarias que rigen la actividad de tales sociedades, en el marco específico
de la administración del derecho de autor o derechos conexos que le sean
conferidos por sus socios.
En otras palabras la DNDA, mediante
una investigación administrativa, se encuentra facultada para verificar que las
sociedades de gestión colectiva están actuando conforme con las obligaciones
impuestas para su actividad por la ley y por sus estatutos sociales.
En desarrollo
de tales facultades me permito informarle que la DNDA ha venido adelantando
varias investigaciones en contra de las diferentes sociedades de gestión
colectiva, dentro de ellas la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia
–SAYCO, como resultado de las cuales se han impuesto algunas sanciones
administrativas.
- GESTION COLECTIVA E INDIVIDUAL
Los derechos concedidos por la legislación colombiana en
favor de los autores y/o titulares de obras literarias y artísticas, les
facultan para autorizar de manera
previa y expresa la utilización de sus creaciones[2].
Dicha atribución en los términos del artículo 66 de la Ley 44 de 1993[3] y
el parágrafo del artículo 1 del Decreto 3942 de 2010[4],
puede ser llevada a cabo de manera individual
o colectiva.
En este punto, es preciso advertir que, de
conformidad con la legislación vigente, la gestión colectiva del derecho de
autor se entiende legalmente subordinada a la constitución de una sociedad de
gestión colectiva, de naturaleza privada, que debe obtener por parte de la Dirección Nacional
de Derecho de Autor, la respectiva personería jurídica y autorización de
funcionamiento, y la cual en desarrollo de su actividad es inspeccionada y
vigilada por esta Entidad[5].
Sobre el particular, el Decreto 3942 de
2010, en su artículo 1 dispone:
“Gestión de derechos patrimoniales de autor y conexos. Los titulares de
derecho de autor o de derechos conexos podrán gestionar individual o
colectivamente sus derechos patrimoniales, conforme a los artículos 4 de la Ley 23 de 1982 y 10 de la Ley 44 de 1993.
Se entiende
por gestión colectiva del derecho de autor o de los derechos conexos, la
desarrollada en representación de una pluralidad de sus titulares, para ejercer
frente a terceros los derechos exclusivos o de remuneración que a sus afiliados
correspondan con ocasión del uso de sus repertorios.
A los efectos de una gestión colectiva será
necesario formar sociedades sin ánimo de lucro, con personería jurídica y
autorizadas por la
Unidad Administrativa Especial Dirección
Nacional de Derecho de Autor, y sometidas a su inspección y vigilancia, de conformidad con el artículo 43 de
la Decisión Andina
351 de 1993. Para tal efecto, deberán acreditar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 45 de la Decisión Andina
351 de 1993, en el Capítulo III de la
Ley 44 de 1993 y las
demás condiciones señaladas en este Decreto. Dichas sociedades podrán
ejercer los derechos confiados
a su gestión y tendrán las atribuciones y obligaciones descritas en la ley
(...)”.
En la actualidad, las únicas sociedades de gestión colectiva con
personería jurídica y autorización de funcionamiento otorgadas por esta
Dirección, y por consiguiente legitimadas para gestionar y recaudar
colectivamente los derechos de autor y conexos, según se trate[6], son:
· Sociedad de Autores y
Compositores de Colombia, SAYCO, con
autorización de funcionamiento conferida mediante la Resolución No. 070
del 5 de junio de 1997 por esta misma entidad.
· Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores
Fonográficos, ACINPRO, con autorización
de funcionamiento conferida mediante la Resolución No. 125
del 5 de agosto de 1997 por esta misma entidad.
· ACTORES Sociedad
Colombiana de Gestión, con personería jurídica reconocida y confirmada por la Dirección Nacional
de Derecho de Autor mediante las Resoluciones 028 del 29 de noviembre de 1989 y
018 del 21 de febrero de 1997, respectivamente.
· Centro
Colombiano de Derechos Reprográficos -CEDER, con personería
jurídica reconocida por la Dirección Nacional de Derecho de
Autor mediante Resolución 088 del 14 de julio de 2000 y autorización de
funcionamiento concedida mediante Resolución 035 del 18 de febrero de 2002.
· Entidad
de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales de Colombia, EGEDA
Colombia,
con personería jurídica reconocida por la Dirección Nacional
de Derecho de Autor mediante Resolución Número 232 del 28 de noviembre de 2005,
y autorización de funcionamiento concedida mediante Resolución número 208 del
16 de noviembre de 2006.
Es
importante señalar que la VENTANILLA UNICA DE RECAUDO DE
DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS (VID), cuenta con
personería
jurídica y autorización de funcionamiento reconocida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor
mediante la Resolución Número 421 del 28 de diciembre de 2012,
para recaudar de manera unificada el derecho de autor y los derechos conexos
por almacenamiento
digital de obras musicales, fonogramas y videos musicales, y por ejecución o
comunicación al público obras musicales, fonogramas, obras audiovisuales y/o
interpretaciones artísticas en establecimientos de abiertos al público.
Ahora bien, es posible que
un titular de derecho de autor o de derechos conexos no afiliado a ninguna
sociedad de gestión colectiva decida gestionarlos de manera individual, debiendo ajustarse, entonces, a los
requisitos dispuestos en el Decreto 3942 de 2010, por el cual se reglamentan,
entre otras normas, el artículo 2, literal c), de la Ley 232 de 1995.
Así pues, cuando una persona
jurídica lleve a cabo la gestión colectiva de derechos de autor, acorde con la legislación vigente[7], debe contar con personería
jurídica y autorización de funcionamiento otorgada por la Dirección Nacional
de Derecho de Autor. De acuerdo con lo anterior una persona natural puede
gestionar los derechos, sobre sus propias obras, debiéndose ajustar en
consecuencia, a los requisitos dispuestos en el artículo 1 del Decreto 3942 de
2010 para el efecto:
“Parágrafo. Las sociedades de
gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos facultadas conforme
a este artículo, podrán autorizar a terceros, determinados usos de los
repertorios que administran sin necesidad de especificarlos. Cuando un titular de derecho de autor o
de derechos conexos decida gestionarlos de manera individual, deberá
especificar en el contrato respectivo cuál es el repertorio que representa y la
forma de utilización del mismo.
A los fines de lo señalado en los
artículos 160 y 162 de la Ley
23 de 1982 y 2, literal c), de la Ley 232 de 1995, las
autoridades administrativas sólo exigirán y aceptarán autorizaciones y
comprobantes de pago expedidos por personas diferentes a las sociedades de
gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos, cuando se individualice el repertorio de
obras, interpretaciones, ejecuciones artísticas o fonogramas que administra
dicha persona, y se acredite que la misma es la titular o representante del
titular de tales obras o prestaciones.” (Negrilla
y subrayado fuera de texto)
De conformidad con lo anteriormente expuesto, se pueden
extractar los requisitos que debe cumplir toda persona que pretenda gestionar
individualmente derecho de autor o derechos conexos.
- El
gestor individual debe ser titular de derecho de autor o de derechos conexos, o
representante legítimo de alguno de estos. En este último caso debe existir
contrato de mandato entre el titular de derechos y el representante.
- El
gestor individual debe estar en capacidad de acreditar ante los usuarios y las
autoridades locales su calidad de titular de derecho de autor o de derechos
conexos o de representante de los titulares[8].
- El
gestor individual debe especificar en los contratos que celebre con los
usuarios, las obras o prestaciones artísticas[9] que está administrando, y
los usos específicos que sobre aquellas está autorizando y/o cobrando.
- Quien
gestione individualmente puede expedir los comprobantes de pago a que hace
referencia el artículo 2, literal c) de la Ley 232 de 1995, sin embargo los mismos
únicamente tendrán validez y serán aceptados por las autoridades
administrativas si consignan las obras o prestaciones que administra el gestor
individual, y además éste acredita ser el titular de las obras o prestaciones o
el representante de los titulares (Parágrafo del artículo 1 del Decreto 3942 de
2010).
- Los
gestores individuales únicamente pueden autorizar el uso y cobrar
remuneraciones por la utilización de las obras o prestaciones de las cuales
sean titulares o representantes.
Sobre este particular la Corte Constitucional
ha sido clara en señalar:
“Esto es, definida por el orden jurídico la
existencia de un derecho de autor, cada titular de derechos de autor o de
derechos conexos puede convenir libremente la autorización del uso de su creación
o su obra y la correspondiente remuneración. Como se trata del ejercicio de la
autonomía privada, es claro que se requiere un acuerdo de voluntades por virtud
del cual, por un lado el titular del derecho autoriza a otra persona el uso o
explotación del mismo a cambio de una remuneración libremente convenida. Tal acuerdo de voluntades no puede
extenderse a derechos de los cuales no sean titulares los intervinientes,
ni cabe que se impongan condiciones unilaterales, que sólo pueden ser
establecidas por la ley.
En ese escenario, y en desarrollo de la
previsión del artículo 38 de la
Constitución , conforme al cual se garantiza el derecho de
libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las
personas realizan en sociedad, los titulares de derechos de autor pueden acudir
a distintas modalidades asociativas con el objeto de promover, proteger o
gestionar de manera conjunta sus derechos. Es claro que dicha posibilidad se
mantiene en el ámbito de la autonomía privada y, por consiguiente, remite a una
gestión conjunta de los derechos individuales de cada uno de los participantes, sin que tales formas asociativas
puedan autorizar genéricamente el uso de obras de las que no son titulares,
ni realizar el recaudo de tarifas distintas de aquellas que voluntariamente se
hayan convenido con los usuarios por la explotación de los derechos de los que
son titulares”[10]
(Negrilla
y subrayado fuera de texto).
En esa medida, si un usuario obtiene la autorización por parte de una persona que gestione individualmente obras o prestaciones protegidas por el derecho de autor, ello no lo exime de la obligación de solicitar la autorización previa y/o el pago de una remuneración equitativa a las sociedades de gestión colectiva cuando se pretenda hacer uso del repertorio musical representado por dichas sociedades.
- COMUNICACIÓN PÚBLICA
En el marco del Derecho de Autor,
cuando una persona pretenda adelantar un acto de reproducción[11], comunicación pública[12], distribución[13] o transformación[14] de una obra protegida por el
derecho de autor, debe obtener necesariamente la previa y expresa autorización
de su autor, titular de derechos patrimoniales o de la sociedad de gestión
colectiva que los represente. En contraprestación a esta autorización el
titular de los derechos tiene la facultad de cobrar una suma de dinero al
usuario por la explotación de su creación.
Como fundamento de lo anterior,
debemos señalar que por el hecho de la creación de una obra literaria o
artística, los autores adquieren unos derechos morales y otros patrimoniales.
En ejercicio de estos últimos, cuentan con la facultad exclusiva, en los
términos del artículo 13 de la Decisión Andina 351 de 1993, para “realizar, autorizar o prohibir:
“(…) b) La comunicación pública
de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los
signos, los sonidos o las imágenes; (…)”
Por su parte, el artículo 15 de la Decisión Andina 351 de
1993, señala:
“Artículo 15.- Se entiende por comunicación
pública, todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un
mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares
a cada una de ellas, y en especial las siguientes:
a) Las representaciones escénicas,
recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas,
dramático-musicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o
procedimiento;
b) La proyección o exhibición pública de las
obras cinematográficas y de las demás obras audiovisuales;
c) La emisión de cualesquiera obras por
radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica
de signos, sonidos o imágenes.
El concepto de emisión comprende, asimismo,
la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de
radiodifusión o de telecomunicación;
d) La transmisión de obras al público por
hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante
abono;
e) La retransmisión, por cualquiera de los
medios citados en los literales anteriores y por una entidad emisora distinta
de la de origen, de la obra radiodifundida o televisada;
f) La emisión o trasmisión, en lugar
accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra
difundida por radio o televisión;
g) La exposición pública de obras de arte o
sus reproducciones;
h) El acceso público a bases de datos de
ordenador por medio de telecomunicación, cuando éstas incorporen o constituyan
obras protegidas; e,
i) En general, la difusión, por cualquier
procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos
o las imágenes.” (Subrayado
fuera de texto)
Ahora bien, el parágrafo 2 del
artículo 1 de la Ley 1403 de 2010, dispone lo siguiente:
“Parágrafo 2°. No se considerará comunicación pública,
para los efectos de esta Ley, la que se realice con fines estrictamente
educativos, dentro del recinto o instalaciones de los institutos de educación,
siempre que no se cobre suma alguna por el derecho de entrada. Así mismo, el
pago o reconocimiento de este derecho de remuneración no le es aplicable a aquellos
establecimientos abiertos al público que utilicen la obra audiovisual para el
entretenimiento de sus trabajadores, o cuya finalidad de comunicación de la
obra audiovisual no sea la de entretener con ella al público consumidor con
ánimo de lucro o de ventas, sean ellos tiendas, bares, cantinas,
supermercados, droguerías, salas de belleza, gimnasios y otros de distribución
de productos y servicios.” (Subrayado fuera de texto)
Como resultado de lo señalado en las
anteriores disposiciones, tenemos que la comunicación pública de obras
musicales, es aquella que se realiza con el propósito de entretener al público consumidor con ánimo de lucro o de
ventas en establecimientos abiertos al público, dentro de los cuales se
encuentran incluidas las Panaderías.
De otra parte, además de los derechos
reconocidos al autor de una obra, la legislación autoral reconoce en cabeza de
los artistas, intérpretes o ejecutantes (Actores) el derecho a percibir una
remuneración como contraprestación por la comunicación pública de sus interpretaciones. En ese sentido, el artículo 166 de la Ley 23
de 1982, señala:
“Los artistas intérpretes o ejecutantes, o
sus representantes, tienen el derecho de autorizar o prohibir la fijación, la
reproducción, la comunicación al público, la transmisión, o cualquier otra
forma de utilización de sus interpretaciones y ejecuciones. En consecuencia, nadie
podrá sin la autorización de los artistas intérpretes o ejecutantes, realizar
ninguno de los actos siguientes:
a) La radiodifusión y la comunicación al
público de la interpretación o ejecución de dichos artistas, salvo cuando ella
se haga a partir de una fijación previamente autorizada o cuando se trate de
una transmisión autorizada por el organismo de radiodifusión que transmite la
primera interpretación o ejecución;
b) La fijación de la interpretación o
ejecución no fijada anteriormente sobre un soporte material;
c) La reproducción de una fijación de la
interpretación o ejecución de dichos artistas en los siguientes casos: 1.
Cuando la interpretación o la ejecución se hayan fijado inicialmente sin su
autorización; 2. Cuando la reproducción se hace con fines distintos de aquellos
para los que fueron autorizados por los artistas, y 3. Cuando la interpretación
o la ejecución se haya fijado inicialmente de conformidad con las disposiciones
de esta ley pero la reproducción se haga con fines distintos de los indicados.”
- INTERNET COMO MEDIO DE DIFUSION
El derecho de autor ha evolucionado como disciplina
jurídica, en buena medida a causa del desarrollo de las nuevas tecnologías. Un
claro ejemplo del anterior postulado lo encontramos en la oportunidad que a
finales del siglo XV tuvo la humanidad
de masificar las obras literarias gracias a la imprenta como medio de
reproducción. En aquel tiempo, al igual que en la actualidad, para los
titulares de derechos patrimoniales de autor y los usuarios de obras
literarias, fue latente la necesidad de asegurar el respeto de los derechos de
los creadores frente a la intensa difusión y utilización de las obras por parte
del público.
Con posterioridad vinieron las cajas de música, la
fotografía, la radiodifusión, la cinematografía, la televisión, los programas
de ordenador, etc. Estos cambios e innovaciones, en lugar de hacer obsoleto el
derecho de autor, lo han fortalecido, obviamente, siendo necesaria la adopción
de una serie de adaptaciones en su entorno, pero sin ningún cambio fundamental
en sus principios.
En ese orden de ideas, el derecho de autor
protege las obras independientemente del medio en que son difundidas, tal como lo
dispone el artículo 2º de la Ley 23 de 1982.
De igual manera, el artículo 4 de la Decisión Andina 351 de 1993, establece
protección a las obras de una manera amplia, cuando fija el objeto del derecho
de autor, así:
“Artículo
4.- La protección reconocida por la
presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y
científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer (...).”(Negrilla
fuera de texto).
Por su parte, el Glosario de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, al definir el derecho
de autor, señala:
“Es el derecho exclusivo concedido por
la ley al autor de una obra para divulgarla como creación propia de él, para
reproducirla y para transmitirla (distribuirla) o comunicarla al público de cualquier manera o por cualquier medio,
y también para autorizar a otros a que la utilicen de maneras definidas. (...)”[15]
(Negrilla fuera de texto).
Es claro, entonces, que la disciplina
jurídica del derecho de autor en alguna medida ha vaticinado, que con el arribo
de los avances tecnológicos, seguramente aparecerán nuevas formas de explotar
las obras literarias y artísticas, así como multifacéticos medios en virtud de
los cuales podrán ser reproducidas, transformadas, distribuidas o comunicadas
al público. En consecuencia, la legislación autoral ha optado por no restringir
las facultades de los titulares con respecto a los avances tecnológicos.
Siendo
así las cosas tenemos, que aún cuando una obra literaria o artística sea
difundida a través de internet, ello no significa que dichas creaciones se
encuentren desprotegidas. Por el contrario, la legislación autoral se aplica
indistintamente del medio por el cual se difunda la obra.
5.
EL DERECHO DE PUESTA A DISPOSICIÓN
Como se ha visto, el derecho de autor
a lo largo de su historia ha tenido que adaptarse a los avances tecnológicos y
a las nuevas formas de explotación de las obras, sin que ello signifique una
disminución de las prerrogativas reconocidas a los autores.
Así por ejemplo, en el año 1996 se
adoptaron al interior de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) dos tratados internacionales, los cuales tenían como objeto otorgar
claridad jurídica, en lo que respecta a la protección de las obras explotadas
en Internet.
Para el caso de su consulta, es
interesante observar como el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA)[16],
en su artículo 8, dispuso en favor de los autores la facultad de autorizar
cualquier forma de comunicación pública de sus creaciones por medios alámbricos
o inalámbricos, aclarando que una forma de comunicación al público es la
denominada “puesta a disposición”, la
cual se presenta cuando los miembros del público pueden acceder a las obras “desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija”. De tal manera, que quien pretenda poner
a disposición del público obras literarias, deberá contar con la previa y
expresa autorización de su autor o titular.
- CASO CONCRETO
Descendiendo al objeto de su consulta,
y teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, me permito manifestar lo
siguiente:
- La DNDA ha venido ejerciendo de manera
permanente las facultades de inspección, vigilancia y control sobre las
sociedades de gestión colectiva, con el fin de verificar el cumplimiento
de las disposiciones legales y estatutarias, y en desarrollo de las mismas
ha adelantado varias investigaciones como resultado de las cuales se han
impuesto sanciones administrativas a diferentes sociedades, dentro de
ellas la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia –SAYCO.
- Las sociedades de gestión
colectiva se encuentran facultades para gestionar de manera colectiva el
recaudo por concepto del derecho de autor, siempre y cuando obtengan la
correspondiente autorización de funcionamiento y la personería jurídica otorgada
por ésta Dirección.
- Los gestores individuales
también se encuentran legitimados para recaudar los derechos de autor de
manera individual, siempre y cuando se ajusten a los requisitos exigidos
en el Decreto 3942 de 2010.
- Cualquier utilización que se haga de una obra literaria o artística, requiere la autorización previa y expresa del autor, titular de derechos o de la sociedad de gestión colectiva que los represente.
Cualquier otra inquietud o aclaración
adicional será atendida con gusto.
Acorde con el artículo 28 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo los
conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas
en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento
o ejecución.
Cordialmente,
Jefe Oficina Asesora Jurídica
[1] Esencialmente la Decisión Andina 351 de 1993 (Capítulo XI), Ley 44 de 1993 y Decreto 162
de 1996.
[2] De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 23 de 1982 los autores o
titulares de derechos patrimoniales cuentan con la facultad de aprovechar su
obra a título gratuito u oneroso y en ese sentido pueden condicionar las
autorizaciones para utilizar sus obras al pago de una suma de dinero que deberá
pagar el respectivo usuario.
[3] Ley 44 de 1993, artículo 66. “El artículo
161 de la Ley 23
de 1982, quedará así:
Las autoridades administrativas de todo orden se
abstendrán de expedir o renovar la patente o licencia de funcionamiento para
aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales hasta
cuando el solicitante de la referida patente o licencia presente el comprobante
respectivo de haber cancelado a los autores, representantes o causahabientes,
los correspondientes derechos de autor”.
[4] Las
sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos
facultadas conforme a este artículo, podrán autorizar a terceros, determinados
usos de los repertorios que administran sin necesidad de especificarlos. Cuando
un titular de derecho de autor o de derechos conexos decida gestionarlos de
manera individual, deberá especificar en el contrato respectivo cuál es el
repertorio que representa y la forma de utilización del mismo.
A los fines de lo señalado en los
artículos 160 y 162 de la Ley
23 de 1982 y 2o, literal c), de la
Ley 232 de 1995, las
autoridades administrativas sólo exigirán y aceptarán autorizaciones y
comprobantes de pago expedidos por personas diferentes a las sociedades de
gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos, cuando se
individualice el repertorio de obras, interpretaciones, ejecuciones artísticas
o fonogramas que administra dicha persona, y se acredite que la misma es la
titular o representante del titular de tales obras o prestaciones. (negrilla
fuera de texto)
[5]
En
este sentido la
Corte Constitucional en sentencia C-833 del 10 de octubre de
manifestó lo siguiente: “…si bien la Corte ha señalado que para
la administración de sus derechos los titulares de derechos de autor y derechos
conexos pueden acogerse a
formas de asociación distintas a la gestión colectiva, o realizar sus
reclamaciones en forma individual,
también ha sido expresa en puntualizar que quien quiera acceder a la modalidad
de gestión prevista para las sociedades de gestión colectiva, debe acogerse a
las previsiones legales sobre la materia”.
[6] Adjuntamos
certificados de existencia y representación legal de dichas sociedades
[7] Decisión
Andina 351 de 1993, Ley 44 de 1993 y Decreto 3942 de 2010.
[8] Artículo 1 del Decreto 3942 de 2010.
[9] Fonogramas e
interpretaciones.
[10] Sentencia C-833 de 2007. Magistrado Ponente: Rodrigo
Escobar Gil.
[11] Acorde con el artículo 14 de la Decisión 351 de 1993, “Se entiende por reproducción la fijación de
la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de
toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento”.
[12] La comunicación pública de una
obra es definida por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)
como la “expresión que abarca todo tipo
de transmisión al público de una obra de un autor” (OMPI Glosario de
Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ginebra 1980, voz 202).
[13] Derecho de distribución: “ofrecimiento
de ejemplares de una obra al público en general o parte de él, principalmente a
través de los canales comerciales adecuados” (Glosario de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Ginebra. 1982, voz 82).
[14] De acuerdo al Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos
publicado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual – OMPI -,
podemos entender por transformación como “la
modificación de una obra preexistente, mediante la cual la obra pasa a ser de
un género a ser de otro género, como en el caso de las adaptaciones
cinematográficas de novelas u obras musicales”.
[15] OMPI GLOSARIO de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Published by the
World Intellectual Property Organization, Geneva, 1980, p.59
[16] Ley 565 de 2000
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